Existen indicios de pagos ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS por alrededor de 18 millones de dólares.
Jueves, 15 de junio de 2017
Daniel Villatoro / Plaza Pública
Investiga Lava Jato*
CIUDAD DE GUATEMALA. La empresa brasileña Odebrecht llegó a Guatemala en 2012, cuando los diputados del Congreso aprobaron una moción privilegiada para que se conocieran, por urgencia nacional, dos préstamos para la ampliación de una carretera que empieza en la frontera con México, la ruta CA-2 Occidente del Corredor del Pacífico. Ambos préstamos se aprobaron con el voto a favor de 108 diputados, el 68% del Congreso, en octubre de ese año.
El préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad pública de Brasil, era por 280 millones de dólares; y el otro, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, pormás de 119 millones de dólares.
Pero, al parecer, el negocio ya estaba pactado desde antes. En 2010, el entonces ministro de Comunicaciones de Guatemala, Guillermo Andrés Castillo, viajó a Brasil para solicitar el financiamiento del BNDES e inició la negociación. En 2011, se suscribió un memorando de entendimiento con la constructora Norberto Odebrecht en el que el ministerio se comprometió a llevar todas las gestiones necesarias para que la firma brasileña fuera la encargada de ejecutar el proyecto. El préstamo estaba condicionado a que Odebrecht recibiera el contrato.
Al principio, el proyecto implicaba la rehabilitación de 140 kilómetros de carretera existentes, con la construcción de dos carriles adicionales. El tramo que comienza en la frontera con México, se modificó para que la construcción abarcara solo 48 kilómetros, reduciendo la longitud de la obra en 67.5% pero manteniendo el mismo costo.
Según el actual ministro de Comunicaciones, Aldo García, la obra estuvo sobrevalorada en 38 millones de dólares, monto que solicitará a la compañía Odebrecht que lo devuelva. Los desembolsos de pagos hechos por Guatemala representan el 71% de lo estipulado (275.7 millones de dólares), a pesar de que el avance de las obras fue de solo un 32% del kilometraje pactado.
El ministro de Comunicaciones, Aldo García, solicitó a la constructora brasileña la devolución del monto excedente por la ampliación de la carretera CA-2 Occidente. Foto: El periódico de Guatemala.
Los abonos
La constructora brasileña aceptó su culpabilidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016. De acuerdo consu confesión, pagaron al menos 18 millones de dólares en sobornos a funcionarios guatemaltecos para hacerse con contratos que les brindarían 34 millones dólares en ganancias.
En esa declaración, se explica a grandes rasgos que Odebrecht le pagó 11.5 millones de dólares a un alto miembro del gobierno de Guatemala a través de una serie de compañías que el funcionario designó por un proyecto de infraestructura concedido a la constructora. En este país, la brasileña Odebrecht solo tiene una obra ejecutada, el Corredor Pacífico, CA-2 Occidente. Los pagos serían a medida que la empresa fuera recibiendo el dinero del contrato.
Hasta ahora solo se conoce el detalle de un pago de sobornos. En octubre de 2012, la constructora brasileña OAS pagó al menos 1 millón de dólares mediante un contrato ficticio a Efraín Alberto Quevedo Montenegro, ejecutivo de Arqco Outsourcing en Costa Rica, firma relacionada con el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Esto, según la confesión del brasileño Roberto Trombeta, ex contador de OAS, ante el Ministerio Público de Brasil. Dicha declaración fue revelada por Revista Contrapoder.
Arqco es una compañía de servicios de outsourcing —subcontratación de personal— con presencia en Centroamérica y Colombia. Fue fundada por el exministro Alejandro Sinibaldi, cuando tenía 23 años y forma parte del conglomerado Sincorp que maneja junto con sus hermanos.
Fachada de Arqco Outsourcing, firma a la que OAS hizo un desembolso de US$ 1 millón a través del ejecutivo Efraín Quevedo. Foto: La Hora
Trombeta reveló la manera en que a través de la firma offshore Kingsfield Consulting Corp. se contrató a Guerrero Law Investments Corporation —sociedad anónima fundada por Efraín Quevedo y de la cual posee todas las acciones—. La consultoría ficticia pretendía ser la fachada para la adjudicación de la carretera costarricense Cañas-Liberia.
Entre los documentos entregados está un resumen de otro proyecto en Guatemala del que OAS quiso ser acreedor. La carretera CA-2, la misma adjudicada a Odebrecht, pero en su tramo oriente, 104 kilómetros hasta la frontera con El Salvador.
El contrato entre Kingsfield y Guerrero LawInvestments asciende a 19 millones 320 mil dólares. Sin embargo, el único pago probado hasta ahora es el anticipo de 1 millón de dólares, 15 días después de que el contrato se firmara. En la confesión, Trombeta especifica que él pagó $1,5 millones a esta sociedad y que no continuaron con los 18 millones de dólares restantes condicionados a la entrega del supuesto trabajo.
Esta offshore es parte del entramado para el desvío de fondos que, para llegar a Guatemala, pasó desde OAS África a las Islas Vírgenes (con la cubierta de operar en Venezuela) y luego hacia Panamá (con la justificación de realizar actividades en Costa Rica). Kingsfield también fue utilizada para pagar sobornos en Ecuador y Perú mediantepresuntos contratos ficticios.
Según la fiscalía de Guatemala, el caso Odebrecht se encuentra en reserva. La Contraloría y el Ministerio de Comunicaciones ya hicieron denuncias sobre las anomalías en la adjudicación de la obra y la modificación del contrato.
Para este informe de “Investiga Lava Jato”, se intentó contactar con algún representante de Odebrecht Guatemala, pero no fue posible debido a que la compañía cerró su sede en este país centroamericano.
(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.