Obras de Odebrecht registran costos adicionales por más de US$6 mil millones en países donde pagó sobornos

El 61% de estas obras son investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría, de las cuales casi la cuarta parte aparece en las planillas de la “Oficina de sobornos” de la constructora.

Milagros Salazar y Aramís Castro/ Convoca
Flávio Ferreira/ Folha de Sao Paulo
Reporteros de Investiga Lava Jato*

Jueves, 15 de junio de 2017
Actualización/ Miércoles 5 de julio de 2017

Odebrecht, el gigante de la ingeniería civil de Brasil hoy investigado por pagos de de sobornos, atravesó el territorio de América Latina y África con la construcción de trenes colosales, puentes, carreteras interoceánicas, represas, gasoductos, túneles y un aeropuerto con incrementos millonarios de presupuesto marcados por irregularidades, secretismo y hasta la elaboración de normas especiales que favorecieron a la empresa.

En siete países donde la compañía asegura que pagó sobornos a funcionarios e intermediarios, 50 obras que forman parte de los proyectos que ejecutó Odebrecht bajo diversas modalidades de contrato, de inversión y concesiones, tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación a los valores iniciales entre 2001 y 2016, como revela la base de datos construida por los periodistas y medios que participan en el proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’.

La mayoría de los incrementos de presupuesto fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que en varios casos se encuentran bajo investigación por la justicia. Estas operaciones extras no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.

De este número de obras con saltos presupuestales en Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, 31 se encuentran investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría de estos países. Es decir, el 61 por ciento del número total. Mientras que siete de estas obras, el 23 por ciento, aparece en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la “Oficina de sobornos”, de acuerdo al análisis de los documentos realizado por los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ hasta el 15 de junio.

Debido a que el caso Odebrecht se encuentra en pleno proceso de investigación por las autoridades de cada país y la obtención de los contratos es un proceso largo en la mayoría de los casos, la información continuará actualizándose en el aplicativo web #VíaSobrecosto que desde el 5 de julio está disponible para nuestros lectores para dar seguimiento a los incrementos millonarios de las obras adjudicadas a Odebrecht y próximamente de los proyectos de otras constructoras investigadas en el caso Lava Jato.

Mirada reveladora

Así como hasta el momento no es posible determinar el monto final de los sobornos de Odebrecht, los más de 6 mil millones de dólares de incrementos de presupuesto identificados representan una primera mirada. Sin embargo, el análisis nos permite ver con claridad patrones de irregularidades e indicios que contribuyen de manera importante a las indagaciones de las fiscalías.

El último martes 4 de julio, el fiscal Hamilton Castro que está a cargo de la investigación del caso Lava Jato en Perú aseguró a Convoca.pe que evalúa indagar la relación de los pagos de las coimas con los sobrecostos de las obras de Odebrecht (Ver nota) En la misma línea, los fiscales de Argentina ya se encuentran investigando los incrementos millonarios en ese país.

Si se suma a los costos adicionales identificados en los siete países de la lista, solo el incremento del presupuesto de la primera etapa de la obra emblemática de Argentina, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el monto total supera los 7 mil millones de dólares. El funcionario argentino a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, elaboró un informe que expuso un supuesto sobreprecio de mil millones de dólares entre lo que exigían las empresas del consorcio de Odebrecht y lo que determinaban los ingenieros del Estado.

Las obras de Argentina no se han incluido en el ranking de los incrementos de presupuesto debido a las marcadas diferencias en el tipo de cambio a dólares en los últimos años en este país donde se ha registrado una importante inflación. Sin embargo, como parte de este especial, publicamos un amplio reportaje sobre las irregularidades, costos adicionales y pagos de Odebrecht de la ‘Oficina de sobornos’ asociados a los proyectos (Ver: ‘La multiplicación de los costos en las obras de Argentina’).

En el caso de Venezuela, el acceso a los contratos ha sido nulo por la falta de transparencia en este país. Odebrecht en Caracas informó que su catálogo de proyectos en Venezuela incluye un total de 21 obras de infraestructura de gran dimensión y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y el resto se encuentran activas y en ejecución. Hasta el cierre de este informe, la empresa no mostró las cifras para determinar los sobrecostos (Ver ‘Contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela’).

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.

A pesar del secretismo, los periodistas de Runrun.es y El Pitazo.com que forman parte de ‘Investiga Lava Jato’ descubrieron que en las planillas de Odebrecht de la División de Operaciones Estructuradas aparecen pagos asociados a obras por más de 13 millones de dólares.

Con los casos de Argentina y Venezuela el número de obras detectadas por nuestro equipo en las planillas de la ‘Oficina de sobornos’ de Odebrecht asciende a 14.

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un documento en el que describe que los sobornos indicados por la contratista están relacionados "a más de 100 proyectos en doce países".

El informe indica el pago de sobornos a autoridades de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

En varios de estos países, hay investigaciones de las autoridades locales sobre los aumentos en los presupuestos de los proyectos ejecutados por la empresa de manera individual o en consorcio. La mayoría son de infraestructura.

Líderes de millones

Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 700 millones de dólares en 15 obras, junto a Panamá y República Dominicana, en las que se usaron mayoritariamente fondos públicos o el Estado asumió préstamos bajo distintas modalidades de contrato (Ver detalle en #VíaSobrecosto).

En el territorio peruano, Odebrecht intensificó sus operaciones con la ayuda de funcionarios de los últimos tres gobiernos que hoy son investigados por el pago de coimas, entre los que aparece el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) que se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades lo investigan por un presunto pago de 20 millones de dólares de Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica que aparecen entre las diez obras con mayor incremento de presupuesto.

En el tramo 2 de la Interoceánica Sur el presupuesto creció de 263 millones de dólares a un poco más de 688 millones, es decir, un aumento que va camino a triplicar el monto. En Interoceánica Norte, el presupuesto se disparó de 258 millones de dólares a más de 620 millones de dólares, es decir, en más de 150 por ciento. Las obras con mayores incrementos de presupuesto en Perú coincidentemente también son investigadas por pagos de sobornos a funcionarios.

De las 71 adendas a contratos firmados con Odebrecht en 11 proyectos de infraestructura ejecutados en los tres últimos periodos de presidenciales, 34 de estos documentos se suscribieron durante la gestión de Alejandro Toledo (2001 – 2006). Catorce de estas modificaciones fueron por incremento de presupuesto con un monto superior a los 40 millones de dólares en total.

Durante el gobierno de Alan García (2006 – 2011) se firmaron 24 adendas, de las cuales 12 aprobaron sumas adicionales al presupuesto de las obras, que superaron los 355 millones de dólares.

En el régimen gubernamental de Ollanta Humala (2011 – 2016) se suscribieron 13 adendas y ocho de éstas sirvieron para autorizar incrementos de presupuesto de las obras por encima de 189 millones de dólares.

Pero las adendas a los contratos no han sido la única modalidad para garantizar los incrementos de presupuesto a favor de Odebrecht.

En el caso de los dos tramos de la Línea 1 del Metro de Lima, el costo de la obra se disparó en más de 400 millones de dólares mediante la aprobación de normas especiales en manos del gobierno de Alan García, quien se reunió en fechas claves del proceso de adjudicación de la obra en Palacio de Gobierno con el hoy encarcelado Marcelo Odebrecht y el entonces representante de la empresa en Perú, Jorge Barata.

De acuerdo con las investigaciones de los fiscales peruanos, Odebrecht pagó sobornos por el Metro de Lima mediante empresas offshore.

La Contraloría General de la República en Perú ha establecido que las irregularidades en obras ejecutadas por la firma Odebrecht, entre 1998 y 2015, ocasionaron al país un perjuicio económico por 283 millones de dólares.

Voceros de la empresa en Perú respondieron vía correo electrónico que "los adicionales de obra o adendas a los contratos requieren de un análisis exhaustivo por cada caso. (...) Los cambios presupuestales son fundados y reglamentados en la Ley de Contrataciones del Estado y por lo tanto son mecanismos oficiales practicados por el sector de infraestructura".

Convoca.pe ha solicitado de manera reiterada, mediante la Ley de Transparencia, los informes técnicos de las adendas que sustentan el incremento del presupuesto al Ministerio de Transportes en Perú. Pero hasta el momento no entregan los documentos.

La comisión investigadora de Lava Jato en el Congreso también indaga sobre el tema. De acuerdo con un informe preliminar de este grupo de trabajo que aún no es público, se ha logrado identificar más de mil 600 millones de dólares en 14 obras de Odebrecht y si se suman los incrementos de presupuesto de proyectos ejecutados por las empresas brasileñas OAS, Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão, el monto supera los 2 mil 900 millones de dólares. En el documento no aparece la metodología utilizada.

Proyectos colosales

De las diez obras con mayor incremento presupuestal, destacan los casos de Perú, Panamá y República Dominicana. En el caso de Panamá los costos adicionales en doce obras superan los mil 700 millones de dólares.

En diez años y durante tres gobiernos, Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por unos 9 mil 226 millones de dólares en obras públicas. Tres adjudicaciones por más de 500 millones de dólares con el expresidente Martín Torrijos, 14 proyectos por más de 5 mil millones de dólares con Ricardo Martinelli y tres más con Juan Carlos Varela, otorgados luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, por más de 2 mil millones de dólares. Los tres aparecen entre los 10 presidentes de América Latina que adjudicaron el mayor número de obras a Odebrecht.

Las coimas que se conocen hasta ahora en Panamá ascienden a 59 millones de dólares y abarcan el período 2010-2014, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El contralor panameño Federico Humbert dijo que los sobornos superan ese monto y ese tiempo: "‘Yo no creo que son 59 millones de dólares, cuatro personas y una sola empresa. Son más, muchas personas y múltiples empresas".

La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la "Cinta coimera", que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.

La primera fase de la construcción se inició en 2007 y costó 189 millones de dólares. Esa licitación fue diseñada para empresas con facturación mínima de 100 millones de dólares anuales, lo que dejaba fuera de competencia a empresas locales.

En 2009, por una adenda al contrato original, se ordenó la extensión, llamada Cinta Costera II, por 52 millones de dólares. Salió tan cara por kilómetro cuadrado como las obras de ingenierías más avanzadas de Europa: el Estado pasó de pagar 3.2 millones de dólares por hectárea rellenada, a 5.2 millones de dólares. La obra sumó 271 millones de dólares.

Después vino la Cinta Costera III. Dos años después, en 2011, el presidente panameño Ricardo Martinelli licitó un túnel bajo nivel por 776 millones 918 mil 389 dólares. Pero, sin adecuar la modalidad y por el mismo dinero, terminó haciendo un viaducto que en los hechos cuesta mucho menos, pero por el que se pagó igual. El Estado terminó pagando 782.1 millones de dólares y esta etapa del proyecto fue bautizada por sus críticos como la “Cinta Megacoimera”.

Todas las demás obras construidas en Panamá por Odebrecht terminaron costando más del monto fijado en la licitación. La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento presupuestal: 626 millones de dólares en costos extras.

Hoy el expresidente de Panamá Martinelli está prófugo de la justicia y sus hijos están siendo investigados por el pago de sobornos.

La vía legal

Pero no es la primera vez que la empresa Odebrecht, sola o en consorcio, obtiene una licitación y al final termina ampliándose el proyecto sin pasar por un nuevo proceso de selección pública.

El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte de Argentina, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios en la puja por ganar la licitación de la primera etapa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El Consorcio Nuevo Sarmiento (integrado por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) quedó pre-calificado como la mejor opción.

El 7 de junio de 2007, el gobierno argentino decidió cambiar la licitación y ampliar el proyecto, que ahora pasó a tener tres etapas. La obra de 11,5 kilómetros se extendió a un total de 36 kilómetros y 16 estaciones. La Secretaría de Transporte dejó firme las ofertas de las empresas que se presentaron en la primera etapa y dio apenas 20 días para recibir nuevas ofertas para las tres etapas. La convocatoria quedó desierta. Poco tiempo después, ya con Cristina Kirchner en el poder, el consorcio de Odebrecht ganó la licitación pública en enero de 2008 porque su oferta para la primera etapa de la obra había sido la más económica, unos 890 millones de dólares.

Casi un año más tarde, el gobierno argentino firmó un contrato con el consorcio de Odebrecht por un monto superior a los 3 mil millones de dólares por las tres etapas. El valor de la oferta con la que las constructoras habían ganado la licitación al inicio creció casi cuatro veces más.

“Yo explicaba técnicamente que lo que pretendía cobrar Odebrecht como monto actualizado de la obra era inaceptable. Pretendía 3.000 millones de dólares cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de 2.000 millones de dólares”, dijo en 2017 el funcionario a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, al declarar como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado como parte de la causa por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, José López, un funcionario clave del kirchnerismo y en esta red de obras adjudicadas a la firma brasileña.

En Colombia, las autoridades están investigando principalmente obras de la carretera Ruta del Sol, que conecta la capital de Bogotá con regiones del interior del país y la costa del Mar Caribe. El Ministerio Público colombiano afirma tener pruebas de que el ex viceministro de Transportes del país, Gabriel García Morales, recibió 6,5 millones de dólares para ayudar a Odebrecht a ganar un contrato relativo a la autopista.

En Ecuador, el gobierno anterior de Rafael Correa calificó de "emblemática" la construcción de la hidroeléctrica de Maruriacu, porque fue la primera obra de infraestructura de generación de energía eléctrica iniciada, contratada e inaugurada por su administración. El proyecto tenía un valor inicial de 125 millones de dólares pero acabó costando 227 millones de dólares. Una comisión independiente de la sociedad civil llegó a denunciar irregularidades en las obras, pero el Ministerio Público del país archivó el caso. (Ver ‘El nodobrecht colombiano’).

Ese modelo de incrementos se repitió en cuatro megaproyectos. En total, los incrementos de presupuesto de seis obras superan los 500 millones de dólares en Ecuador, sin contar que la obra más grande de Odebrecht aún está en construcción: el Metro de Quito, un sistema subterráneo de transporte de 18 trenes por un valor que bordea los mil 500 millones de dólares. Los fiscales de este país ya lograron firmar un acuerdo con Odebrecht para la entrega de pruebas de los sobornos.

En México, Odebrecht ganó seis contratos por más de 2 mil millones de dólares. En tres de esas obras, el gobierno elevó en un 80 por ciento el valor original de los proyectos, por medio de extensiones o adendas. El costo final de otras dos obras es un secreto, porque el gobierno mexicano ha decidido que permanecerá bajo reserva hasta 2020 cualquier contrato o adenda de Odebrecht, bajo el argumento de que hay una investigación judicial en curso sobre sobornos supuestamente pagados por la constructora (Ver informe).

Las investigaciones sobre obras también están en curso en República Dominicana, país que ya firmó un acuerdo de delación con Odebrecht. Uno de los proyectos bajo investigación en el país caribeño es el de la central hidroeléctrica Palomino, cuyo presupuesto inicial en 2006 era de 225 millones de dólares. La obra acabó costando cerca de 400 millones de dólares y aparece entre las diez obras con mayor sobrecosto en la lista de proyectos analizados para esta investigación y el expresidente Leonel Fernández (2005-2012) como el mandatario que más proyectos adjudicó a Odebrecht y sus socias.

En Mozambique, el aeropuerto de Nacala, que recibió préstamos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) de Brasil, tenía un costo inicial de US $ 112 millones, pero su precio final terminó en un poco más de 210 millones de dólares. Gran parte del financiamiento para la construcción del aeropuerto fueron utilizados en la adquisición de bienes y servicios, situación que causó perjuicios y sigue acumulando pérdidas al país africano.

Con el incremento del costo de esta obra se hubiese podido pagar el salario mínimo de más de un millón 600 mil pobladores de Mozambique. (Ver ‘Los tentáculos de Odebrecht en África’).

METODOLOGÍA

Las cifras y cálculos publicados en este reportaje se obtuvieron luego de un trabajo colaborativo con reporteros de América Latina y África que accedieron a los contratos y documentos oficiales de cerca cien obras de Odebrecht. La información recogida se trasladó a una hoja Excel online que se construyó en tiempo real.

Para el análisis, se estableció una metodología entre periodistas de Convoca de Perú, ColombiaCheck de Colombia y Plaza Pública de Guatemala y al final se trabajó con un universo de 50 obras en las que se detectaron los incrementos presupuestales, entre otros hallazgos.

Para establecer los sobrecostos en la herramienta, se restó el presupuesto final e inicial tomando en cuenta la moneda original que aparece en los contratos de las obras. El resultado se convirtió a dólares en los casos que fue necesario para tener en una sola moneda que pudiera darnos una cifra comprensible para cualquier lector del mundo. Para esta última operación tomamos en cuenta el tipo de cambio de la fecha del presupuesto final más actualizado según las diversas fuentes consultadas.

_{(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.}